España ha activado un plan para insertar laboralmente a migrantes y regularizar a unos 500,000 trabajadores sin papeles, con el objetivo de dar un empujón al crecimiento económico. El programa, anunciado en enero, genera resoplidos de la extrema derecha española y europea, pero el Gobierno socialista lo defiende como la forma más lista de mantener la economía por delante de sus vecinos mientras la población envejece y necesita brazos jóvenes.
Hasta la semana pasada ya habían llegado más de 200,000 solicitudes en el primer mes. Muchos solicitantes recibieron permisos de trabajo temporales en cuanto su expediente entró en trámite. Pilar Cancela, secretaria de Estado de Migraciones, lo define como un enfoque inteligente que hará sostenibles los servicios públicos y las pensiones. Según cálculos oficiales, hacen falta 2,4 millones de cotizantes adicionales a la Seguridad Social en la próxima década para sostener el Estado del bienestar.
Las autoridades, con apoyo de ONG y oficinas especializadas, se prepararon para gestionar hasta un millón de peticiones, el doble de lo previsto. Funcas estima que hay unos 840,000 migrantes irregulares en la economía sumergida, sobre todo latinoamericanos. El plan busca sacarlos de la clandestinidad para cubrir la falta de mano de obra en construcción, turismo, transporte y cuidados. Se realizará una encuesta voluntaria para conocer sus habilidades y preferencias laborales, y el Ministerio colaborará con patronales de esos sectores.
El programa va acompañado de más inspecciones laborales, tras el precedente de 2005 que dejó algunos huecos en el empleo informal. Cancela insiste en que la integración real llega cuando encuentran un trabajo formal.
Al final, España convierte la necesidad demográfica en una oportunidad absurda: fichar a quien ya está construyendo el país desde las sombras para que cotice en blanco y las pensiones no se conviertan en un chiste de jubilados sin ingresos.
