La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, señaló que la ofensiva del exgobernador Jaime Bonilla en su contra tiene un origen específico: la cancelación, en 2022, de un contrato por 40 mil millones de pesos que su antecesor había firmado para la construcción de una planta fotovoltaica sin permisos federales.
Según la mandataria, el contrato fue otorgado a la empresa Next Energy, que no contaba con los recursos para realizar la obra, aunque el estado quedaba obligado a pagarle de cualquier manera, incluso si la planta no se construía. Del Pilar aseguró que fue precisamente esa decisión —adoptada en defensa de las finanzas públicas del estado— la que provocó una serie de declaraciones de Bonilla en su contra.
La gobernadora explicó que, para mayo de 2022, cuando canceló el contrato, el gobierno estatal ya había entregado 123 millones de pesos a la empresa, cantidad que logró recuperar antes de detener cualquier pago adicional.
«Si yo no hubiera procedido, al día de hoy el gobierno de Baja California ya habría pagado 6 mil 500 millones de pesos, sin hacer nada», afirmó, al insistir en que no estaba dispuesta a ser cómplice de un esquema que, según denunció, habría comprometido recursos públicos sin garantía de resultados.
La mandataria añadió que el propietario de Next Energy, empresa originaria de Monterrey, se encuentra actualmente detenido en Aguascalientes por un contrato similar, y sostuvo que fue a partir de esa cancelación cuando Bonilla inició los señalamientos en su contra, mismos que —insistió— nunca respondieron a un conflicto personal, sino a una decisión tomada para proteger el erario estatal.
