Un grupo de expresidentes y exmandatarios latinoamericanos, junto con personalidades españolas, difundió un comunicado en el que califica como persecución política el proceso judicial que enfrenta el exgobernador panista Ernesto Ruffo Appel.
No obstante, la lista de firmantes ha suscitado cuestionamientos, ya que entre ellos aparecen personajes con sus propios antecedentes judiciales: el expresidente paraguayo Mario Abdo Benítez, imputado por la fiscalía de su país por presunta asociación criminal y otros delitos vinculados, en el caso conocido como “filtraciones de Seprelad” de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes.
La expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez fue condenada a 10 años de prisión por sedición, terrorismo, conspiración y usurpar la presidencia. El expresidente español José María Aznar, señalado por su vinculación con la trama de financiamiento irregular del Partido Popular.
El expresidente argentino Mauricio Macri, mencionado en los Panama Papers, figuró como director y vicepresidente de la empresa Fleg Trading Ltd., registrada en las Bahamas, y también fue vinculado a otra sociedad offshore llamada Kagemusha SA, registrada en Panamá. Asimismo, el expresidente colombiano Álvaro Uribe, acusado de fraude procesal y soborno.
Esta coincidencia no ha pasado inadvertida entre analistas y usuarios de redes sociales, quienes destacan la contradicción de que sean precisamente figuras con procesos judiciales o antecedentes penales en sus propios países quienes salgan a denunciar una supuesta persecución política contra Ruffo Appel en México.
El caso ha reactivado el debate sobre el uso político de este tipo de pronunciamientos internacionales y sobre la credibilidad de quienes los suscriben, en un momento en que la Fiscalía General de la República ha insistido en que el proceso contra el exgobernador de Baja California responde a un asunto estrictamente criminal.
