El Ministerio del Interior peruano ha mandado 7.000 agentes solo a Lima porque el candidato Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, convocó una marcha para “defender el voto” mientras el recuento le deja 44.000 papeletas por debajo de Keiko Fujimori. O sea, que el Estado prefiere rodear las calles de uniformes antes que dejar que dos adultos discutan quién ganó por un puñado de votos como si fuera la final del Mundial.
Zapata, el ministro, lo explicó sin rodeos: los policías están ahí para que “impere el respeto” a la propiedad privada y pública. Traducción: nada de romper vidrios ni de colgar pancartas en los semáforos, que después hay que pagarlos. Mientras tanto, Sánchez apareció en persona en el Ministerio del Interior, aunque nadie sabe si fue a pedir protección o a que le prestaran un megáfono más grande.
Con el 99,5 % de las actas contadas, Fujimori va por delante con el 50,12 % y Sánchez se queda en el 49,88 %. Una diferencia tan ridícula que parece que el país entero está decidiendo el resultado con una moneda al aire. El partido de Sánchez denuncia falta de transparencia y “deslegitimación del voto ciudadano”, como si el problema no fuera que les faltan 44.000 apoyos sino que las máquinas de contar están en huelga.
En resumen: 7.000 policías para vigilar una marcha que reclama “la victoria del pueblo”, mientras el pueblo ya decidió por cuatro décimas. Perú, como siempre, convierte unas elecciones reñidas en un capítulo de “El Chavo del Ocho” donde todos gritan “¡No contaban con mi astucia!” y al final el que más grita se queda sin el balón. Sánchez ya tiene la marcha. Fujimori ya tiene la ventaja. Y los 7.000 agentes, como de costumbre, pagando el pato.
