Legisladores, funcionarios electorales y miembros de organizaciones civiles propusieron posponer la elección judicial programada para 2027, con la finalidad de perfeccionar su planificación y asegurar condiciones óptimas en la elección de jueces y magistrados.
En un foro celebrado en el Senado, se analizó la posibilidad de que estos comicios se realicen en 2028, de forma separada de los procesos electorales federales, en lugar de coincidir con la renovación de la Cámara de Diputados y varias gubernaturas.
El evento contó con la participación de consejeros del Instituto Nacional Electoral, legisladores y expertos, quienes coincidieron en la importancia de disponer de mayor tiempo para resolver detalles técnicos y operativos del proceso.
La consejera Rita Bell López Vences afirmó que organizar elecciones concurrentes no genera un ahorro económico, como se ha sugerido, ya que los costos principales, como la capacitación, deben manejarse de manera independiente debido a las diferencias entre los procesos.
Detalló que, aunque las elecciones puedan llevarse a cabo el mismo día, cada una conlleva gastos específicos, lo que podría incluso duplicar los costos. Como ejemplo, señaló que los comicios concurrentes de 2025 implicaron un gasto aproximado de 15 mil millones de pesos.
Por otro lado, la diputada Mariana Benítez aclaró que la iniciativa no pretende alterar la esencia de la reforma judicial, sino optimizar su ejecución para garantizar mayor calidad y legitimidad en los integrantes del sistema judicial.
Voceros de organizaciones como México Evalúa destacaron la relevancia de utilizar el tiempo adicional para efectuar ajustes institucionales, realizar una evaluación exhaustiva de los candidatos y prevenir fallos en el proceso.
En términos generales, los asistentes acordaron que aplazar la elección contribuiría a robustecer el diseño del proceso, perfeccionar los criterios de selección y establecer un sistema judicial que inspire mayor certeza y confianza entre la ciudadanía.
