El Senado de la República admitió que no posee atribuciones específicas para imponer sanciones a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, en caso de que decida no presentarse ante el pleno para esclarecer la intervención de agentes estadounidenses en un operativo llevado a cabo en su estado.
La solicitud formal enviada a la gobernadora no tiene un carácter vinculante, motivo por el cual los senadores están evaluando opciones legales distintas para demandar claridad respecto a un incidente que, según señalan, va mucho más allá de los asuntos locales, ya que podría implicar una infracción a la Ley de Seguridad Nacional y a la Constitución misma, la cual prohíbe de manera explícita que los gobiernos de los estados realicen operaciones conjuntas con fuerzas extranjeras sin la participación de las autoridades federales.
El senador Oscar Cantón fue enfático al destacar que este asunto involucra al menos dos irregularidades serias: la omisión de informar a la Secretaría de Relaciones Exteriores, un requisito obligatorio al interactuar con ciudadanos o entidades extranjeras, y la ejecución de un operativo conjunto, algo que ningún estado de la república tiene la potestad constitucional de organizar de manera independiente.
«Esto no es un asunto meramente regional ni tiene que ver con cuestiones partidistas, sino que representa un problema de soberanía nacional», subrayaron, dejando claro que, si Campos no accede a cooperar de forma voluntaria, el Senado explorará otras vías legales para determinar cómo y con qué autorización agentes del gobierno de Estados Unidos ingresaron a territorio mexicano armados y en medio de una operación.