El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió conceder un amparo al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con lo cual se anuló una deuda que superaba los 5,800 millones de pesos que dicho organismo tenía con el gobierno de la Ciudad de México por diversos conceptos tributarios.
La resolución se aprobó con una mayoría de seis votos a favor y uno en contra, basada en un proyecto elaborado por la ministra Lenia Batres Guadarrama. El dictamen estableció que los inmuebles del instituto, al pertenecer al dominio público federal, están eximidos del pago de impuestos relacionados con la propiedad inmobiliaria, tales como el predial, nómina y derechos por el suministro de agua.
El asunto surgió de la revisión de un amparo en el que se examinaron adeudos correspondientes a los ejercicios fiscales de 2009 a 2013. En su exposición, la ponente argumentó que, al tratarse de un organismo descentralizado de la administración pública federal, los bienes del ISSSTE están destinados a un fin público y, por ende, están sujetos a un régimen especial que los libera de este tipo de cargas fiscales locales.
Además, se tomó en cuenta que el cobro de esa suma habría generado un impacto considerable en las finanzas del instituto, con posibles repercusiones negativas en la provisión de servicios de salud, pensiones y otras prestaciones para sus beneficiarios.
El fallo determina que, de acuerdo con la Constitución, este tipo de bienes no puede ser gravado con impuestos locales, por lo que se desestimó el criterio anterior que permitía a las autoridades de la capital exigir dicho pago.