La Suprema Corte de Justicia de la Nación frenó este jueves el cobro de 5 mil 810 millones de pesos que la Ciudad de México reclamaba al Issste por impuestos acumulados, ordenando recalcular la deuda con criterios que probablemente la reducirán significativamente. El fallo, aprobado por seis votos contra uno, detiene una reclamación tan ambiciosa que superaba el presupuesto 2026 del Senado y representaba casi 20% de la recaudación anual del predial capitalino. Básicamente, la CDMX quería cobrarle al instituto de salud pública lo mismo que cuesta mantener al Poder Legislativo completo, incluyendo café y galletas.
La ministra Lenia Batres Guadarrama argumentó que los inmuebles del Issste están bajo dominio público y quedan exentos constitucionalmente de contribuciones locales. Explicó ante el Pleno que cobrar semejante cantidad pondría al instituto “al borde de la quiebra”, afectando servicios de salud, pensiones y prestaciones de millones de trabajadores. La ministra señaló que corresponde a la autoridad fiscal probar cuáles propiedades no tienen protección constitucional, no cargarle esa tarea al instituto como si fuera examen sorpresa.
El caso originó créditos fiscales por predial, nómina y agua entre 2009 y 2013, con montos crecientes que la CDMX determinó cobrar en 2017. Tras varias instancias judiciales donde el Issste perdió terreno, la Suprema Corte finalmente intervino aplicando sentido común constitucional. El presidente del tribunal Hugo Aguilar Ortiz intentó pausar la votación mencionando comunicación de Clara Brugada buscando acuerdo de pago, pero Batres rechazó retirar su proyecto argumentando que el tema llevaba meses esperando resolución.
La orden judicial mantiene la deuda en suspenso y obliga a recalcularla constitucionalmente, salvando al Issste mientras la capital debe buscar sus millones en otro lado.
