El gobierno mexicano activó desde el 13 de mayo la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar a quienes se inscribieron en marzo para la Pensión de Personas con Discapacidad. El programa, que busca derechos plenos sin intermediarios, convierte un trámite en un ejercicio de paciencia digna de una novela absurda donde el héroe es el propio Estado.
En 2026 el apoyo será de 3 mil 300 pesos cada dos meses, depositados directamente en la tarjeta asignada. La medida cubre a personas con discapacidad permanente de 0 a 64 años en 24 entidades que firmaron convenios de universalidad. Quienes no recojan su plástico antes del 20 de mayo perderán el pase directo al beneficio, aunque el gobierno ya avisó por SMS el día, hora y lugar exactos. También se puede consultar con la CURP en la página oficial. La persona registrada debe presentarse con identificación oficial original y copia más el comprobante del trámite; nada de enviar a un primo con buena voluntad.
En estados sin convenio la pensión aplica hasta los 30 años, y entre 30 y 64 solo en zonas indígenas, afromexicanas o de alta marginación. Para registrarse se necesita acta de nacimiento, identificación vigente, CURP, comprobante de domicilio de máximo seis meses y certificado médico de institución pública que acredite la discapacidad permanente. Si la persona no puede acudir, designa un auxiliar que presente documentos de parentesco y su propia identificación. Todo suena burocrático hasta que uno imagina al Estado como ese amigo que llega tarde pero trae el cheque sin fallar.
Al final, el sistema demuestra que la universalidad no requiere milagros, solo tarjetas y constancia.
