Detrás de la movilización de colectivos y grupos que hoy expresaron su rechazo a la Planta de Fertilizantes de PROMAR en Topolobampo, se perfilan fuertes intereses económicos. Todo indica que Grupo Tepeyac, perteneciente a la familia Robinson Bours, y Grupo Ceres, liderado por Guillermo Elizondo Collard, son los consorcios que dominan actualmente la exportación, comercialización y distribución de fertilizantes en la zona, y que perciben una amenaza directa a su posición monopólica si la planta comienza a operar.
Lejos de responder a una genuina preocupación ecológica, ambas empresas habrían impulsado las protestas, influido en medios de comunicación y activado figuras políticas con el fin de detener un proyecto que, según organizaciones y productores agrícolas de Sinaloa, resulta clave para el desarrollo del sector rural mexicano.
El contexto se vuelve más claro al comparar esta postura con la del sector productivo. Representantes de agrupaciones agropecuarias de Sinaloa han señalado que el país depende excesivamente de la importación de amoniaco para abastecer alrededor de 900 mil hectáreas cultivables, lo que eleva los costos y pone en riesgo las cadenas de suministro internas.
Son precisamente Grupo Tepeyac y Grupo Ceres quienes obtienen ganancias de esa dependencia y de los elevados precios que enfrentan los agricultores. Que ahora respalden marchas presentadas como ambientalistas para mantener ese negocio no resulta fortuito, sino una táctica deliberada.
