Donald Trump firmó el 19 de mayo de 2026 la orden ejecutiva “Restaurando la integridad al sistema financiero de Estados Unidos”, que obliga a bancos y entidades a reforzar vigilancia sobre clientes con posibles vínculos migratorios. Aunque el texto no menciona remesas de forma directa, instruye al Departamento del Tesoro a emitir en 60 días avisos sobre riesgos crediticios y exige mayor identificación de cuentahabientes, incluyendo el estatus migratorio cuando se detecten señales de alerta.
México figura como tercer receptor mundial de remesas. En 2025 el Banco de México reportó más de 64 mil millones de dólares, la mayoría desde Estados Unidos. La medida también señala el uso del ITIN como posible factor de riesgo que requerirá mayor diligencia, lo que podría traducirse en trámites adicionales para miles de migrantes sin documentos regulares.
Los reguladores federales, entre ellos la Reserva Federal y la FDIC, deberán publicar guías específicas en los próximos dos meses sobre cómo manejar créditos hipotecarios y préstamos para esta población. La orden no prohíbe transferencias, pero abre espacio para rechazos o revisiones más estrictas.
A pesar del nuevo escrutinio, México mantiene su capacidad de respuesta. Las familias receptoras ya han sorteado regulaciones cambiantes en el pasado sin que el flujo se detenga. La economía mexicana continúa recibiendo estos recursos como parte de una relación bilateral compleja, donde la resiliencia de millones de trabajadores supera cualquier ajuste burocrático temporal.
La orden parece más un ejercicio de control interno que un golpe definitivo al sistema de envíos. Mientras tanto, las remesas siguen llegando y sosteniendo comunidades enteras, recordando que los números grandes resisten mejor los anuncios que los obstáculos reales.
