Claudia Sheinbaum decidió que el Poder Judicial mexicano necesita más tiempo para organizarse, como un equipo de fútbol que pide cambio de cancha antes de que empiece el partido más complicado. La presidenta enviará al Congreso una reforma constitucional para correr la próxima elección judicial de 2027 a junio de 2028, evitando que coincida con gubernaturas, congresos locales y alcaldías.
El primer ejercicio de 2025 dejó lecciones claras: boletas extensas, participación baja y algunos perfiles que parecían haber llegado por sorteo de rifa en lugar de méritos. En lugar de repetir el enredo, el gobierno opta por afinar el modelo. La fecha del 4 de junio de 2028 permitirá instalar menos casillas, reducir costos del INE y aplicar filtros más estrictos para elegir candidatos con experiencia real.
La iniciativa también crea una Comisión Coordinadora que unificará criterios entre los tres poderes, recortará el número de aspirantes por cargo y simplificará las boletas para que el votante elija con mayor claridad. Las vacantes se mantendrán hasta la siguiente elección y se contempla capacitación continua para jueces y magistrados.
Al final, aplazar no es retroceder, sino reconocer que un sistema nuevo necesita ajustes antes de correr maratones simultáneas. El 2028 promete ser más ordenado, aunque el público ya sospecha que cualquier elección judicial seguirá pareciendo un concurso de ortografía con toga.
