Una comisión del Congreso colombiano emitió una orden de suspensión provisional contra el presidente Gustavo Petro, con el objetivo de apartarlo del poder hasta la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 21 de junio. La medida, impulsada por la diputada Gloria Arizabaleta, busca destituirlo durante una investigación por presunta injerencia política a favor de su aliado Iván Cepeda, quien se enfrenta al candidato de extrema derecha Abelardo de la Espriella, supuestamente respaldado por Donald Trump.
Expertos legales y funcionarios gubernamentales cuestionaron de inmediato la autoridad de la comisión, insistiendo en que solo el Senado tiene la facultad constitucional para suspender a un presidente en ejercicio. El ministro del Interior, Armando Benedetti, destacó esta limitación en redes sociales, mientras que Petro, desde Nueva York, desestimó la orden como un mero intento sin efecto real. La comisión carece de las herramientas para hacer cumplir dicha medida, y los analistas predicen que cualquier revisión formal podría extenderse más allá de las elecciones.
Petro ha apoyado abiertamente a Cepeda y ha criticado la relación de Trump con De la Espriella, un acaudalado abogado que representa a la oposición al gobierno de izquierda. Todo el episodio se asemeja a una telenovela burocrática donde todos reclaman autoridad, pero nadie puede realmente poner fin a la situación.
Al final, el teatro político colombiano sigue ofreciendo pausas dramáticas sin cambiar a los protagonistas, dejando a los votantes preguntándose si la verdadera suspensión es aquella que pasa desapercibida hasta después del recuento de votos.
