Claudia Sheinbaum respondió con calma en la mañanera del 30 de junio a las preguntas sobre una investigación que acusa al gobernador de Nuevo León, Samuel García, de destinar millones en redes sociales para mejorar su imagen. La presidenta evitó opinar sobre el caso concreto y se limitó a explicar las reglas electorales que prohíben usar recursos públicos para promoción personalizada fuera de periodos específicos.
La mandataria detalló que la ley solo permite quince días al año para difundir la imagen personal de un servidor público, durante el informe de gobierno. Fuera de ese plazo, cualquier gasto pagado para aumentar el alcance de publicaciones con fines personales viola las normas. Sheinbaum contrastó esta restricción con la estrategia federal, centrada en la Mañanera del Pueblo y las cuentas institucionales que informan sobre obras y programas sin necesidad de pagar para inflar interacciones.
El tema de las cuentas falsas o troles también apareció en la explicación. La presidenta señaló que detrás de cualquier campaña artificial existe una inversión económica que debe ser revisada por el Instituto Nacional Electoral. Subrayó que el INE tiene la obligación de supervisar de forma permanente el cumplimiento de estas reglas y que corresponde a esa autoridad determinar si hubo irregularidades.
Las declaraciones convirtieron el debate mediático en un recordatorio de límites claros: informar sobre actividades oficiales es permitido, mientras que pagar para posicionar una figura personal queda prohibido. Sheinbaum transmitió que cada gobierno elige su forma de comunicar, pero siempre dentro del marco legal.
Al final, el asunto quedó reducido a una cuestión de calendarios y supervisión, sin que el gobierno federal se viera involucrado más allá de recordar las normas que todos deben seguir.
