El Gobierno ha decidido que 609.737 de los más de un millón de migrantes que pidieron regularizarse ahora pueden currar legalmente mientras les tramitan los papeles, como si les hubieran dado una tarjeta de “puedes sobrevivir sin que te persiga la policía”. La amnistía, que exigía llevar al menos cinco meses en España antes de que acabe 2025 y no tener antecedentes penales, se convirtió en un caos de solicitudes que duplicó con creces las previsiones oficiales. En vez de medio millón, llegaron más de un millón, sobre todo de países latinoamericanos, como si todo el continente hubiera decidido mudarse al mismo tiempo.
A los afortunados les dan un permiso de trabajo temporal para que empiecen a cotizar mientras el papeleo se arrastra como una procesión de Semana Santa. De momento, 160.000 ya tienen empleo formal y 11.000 han conseguido la residencia de un año. El Ejecutivo está liado con empresas de construcción, turismo, transporte y cuidados, buscando que estos nuevos contribuyentes tapen los agujeros que nadie quiere. El 81% tiene menos de 45 años y el 57% son hombres, o sea, carne fresca para levantar sacos de cemento o cambiar pañales a las cuatro de la madrugada.
Todo esto mientras la burocracia española sigue su ritmo habitual: lento como una tortuga con resaca. Los solicitantes, entre tanto, se preguntan si el permiso temporal les durará más que un ligue de verano o si acabarán otra vez en la irregularidad como si nada hubiera pasado. España, por su parte, celebra que ahora habrá más manos para fregar y más cotizaciones para la Seguridad Social, aunque nadie aclara quién pagará las pensiones cuando estos mismos migrantes lleguen a la vejez.
En resumen, una amnistía que empezó como un gesto humanitario se ha convertido en el mayor fichaje masivo desde que el Real Madrid contrató a media plantilla brasileña. Mientras tanto, los que ya estaban aquí siguen esperando que alguien les explique por qué regularizarse parece más difícil que conseguir entradas para el Bernabéu.
