En un operativo digno de película de espías mal montada, Gilda Susana Lozoya Austin fue detenida en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Agentes de la Fiscalía General de la República, junto con personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de Marina, la interceptaron tras detectar que fungía como beneficiaria de Tochos Holding Limited gracias a una cesión de derechos otorgada por su hermano Emilio.
La investigación de la Agencia de Investigación Criminal y la Fiscalía Especializada de Control Competencial reveló que entre junio y noviembre de 2012 Gilda recibió cinco transferencias millonarias provenientes de una empresa de Alonso Ancira Elizondo. Parte de esos fondos se utilizó para adquirir un inmueble en la alcaldía Miguel Hidalgo valuado en 51 millones 701 mil 973 pesos, cuya extinción de dominio ya fue confirmada por el Primer Tribunal Colegiado en materia Civil. El esquema incluía triangulaciones sin sustento comercial que, según la FGR, derivan del sobreprecio pagado por la planta Agronitrogenados.
Emilio Lozoya, entonces próximo a dirigir Pemex, ya conocía los movimientos cuando se concretó la operación que generó un perjuicio estimado en 760 millones de dólares al erario. La residencia confiscada y las cuentas vinculadas forman parte de un rompecabezas financiero que las autoridades siguen armando con precisión quirúrgica.
Al final, las cuentas suizas resultaron menos discretas que un micrófono abierto en una reunión familiar.
