Un grupo de sabios de la ONU, esos que nadie invita a las fiestas pero igual opinan, revisó el caso del expresidente peruano y llegó a una conclusión tan obvia como un golpe en la cabeza: su detención fue un invento arbitrario de manual. Según ellos, lo agarraron sin orden judicial decente, pisotearon su inmunidad presidencial como si fuera un trapo viejo y le negaron hasta el derecho de defenderse sin que le saliera espuma por la boca. La solución que proponen es tan sencilla que duele: soltarlo inmediatamente y pagarle una indemnización para que se compre un helado y se olvide del asunto.
Castillo, el maestro sindicalista que ganó las elecciones como si fuera un concurso de canto en la tele, intentó disolver el Congreso en 2022 como quien apaga la luz para que no lo vean. Lo pescaron cuando iba camino a la embajada de México con toda la familia, cual película de persecución barata. Ahora lo tienen encerrado en una cárcel VIP para exmandatarios, que en realidad es una sede policial con rejas más cómodas que el Congreso mismo. Lo condenaron a once años y medio por conspiración, pero los expertos de la ONU dicen que todo eso huele a venganza política con olor a chicharrón quemado.
El presidente interino, José María Balcázar, soltó que el informe no es obligatorio pero podría servir para pedir un indulto nuevo. Claro, porque los pedidos anteriores los rechazaron por falta de pruebas, como si la justicia peruana fuera un examen de matemáticas donde siempre te falta el cuaderno. Mientras tanto, Keiko Fujimori se prepara para recibir el poder el 28 de julio, y las protestas que dejó la caída de Castillo siguen recordando que en este país hasta los muertos votan… o al menos protestan.
En resumen, la ONU pide libertad exprés y dinero para Castillo, pero en Perú esto suena como pedirle a un gato que no cace ratones. Otro capítulo más de la telenovela política nacional, donde nadie gana y todos terminan presos, indultados o en el exilio.
