La presidenta Claudia Sheinbaum recibió un documento de 867 páginas de la CNDH que descarta las pesquisas del GIEI y la CoVAJ sobre Ayotzinapa. En lugar de entrar en debates de pasillo, ordenó a la Secretaría de Gobernación revisarlo con rigor y sin prisa, demostrando que el gobierno prefiere los hechos sobre los titulares.
El reporte apareció sin que el Ejecutivo tuviera idea de su fecha de salida ni influyera en su contenido. Sheinbaum lo dejó claro en la Mañanera: desconocían el momento exacto de su publicación. Esa distancia permitió que la respuesta fuera ordenada y técnica, no reactiva. Gobernación ya trabaja en un examen detallado que pondrá cada conclusión bajo la lupa institucional.
El tamaño del informe, casi una enciclopedia de barrio, invita a preguntarse cuántos datos caben en tantas hojas. Aun así, el gobierno optó por el camino burocrático habitual: leer, contrastar y responder con base en la ley. La CNDH emite recomendaciones, pero corresponde a las autoridades decidir cómo incorporarlas sin alterar procesos previos.
Al final, un documento tan voluminoso solo confirma que los expedientes complejos requieren más que titulares apresurados. La instrucción presidencial sigue siendo la misma: revisar todo con la seriedad que el caso merece.
