La Suprema Corte emitió el 13 de julio de 2026 una tarjeta informativa para explicar que las ponencias de las y los ministros funcionan como complejas máquinas jurídicas y no como un batallón de asesores personales. El comunicado llegó justo cuando circulaban cifras que comparaban el tamaño de estos equipos como si fueran equipos de fútbol con plantillas desproporcionadas.
Cada ponencia reúne servidores públicos de distintos niveles que analizan expedientes, elaboran proyectos de sentencia, dictaminan resoluciones ajenas y realizan investigaciones especializadas. El 65.4 por ciento corresponde a personal técnico altamente calificado, mientras que el 34.6 por ciento restante realiza tareas de apoyo administrativo y operativo. La Corte enfatizó que referirse a todo el personal como “asesores” resulta tan preciso como llamar chef a quien solo pela papas en una cocina profesional.
El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz mantiene la ponencia más reducida, un 40 por ciento menor que el resto, porque el Acuerdo General 1/2025 le impide elaborar proyectos en acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales. En contraste, la ponencia de la ministra Lenia Batres Guadarrama alcanza 95 integrantes, la cifra más alta del pleno. Ambas estructuras responden a techos presupuestales fijos y al catálogo oficial de plazas.
La aclaración convierte el supuesto escándalo de números en una lección sobre cómo funciona realmente el tribunal: con roles definidos y responsabilidades distribuidas. Al final, la Corte recordó que estos equipos son indispensables para que la justicia constitucional siga su curso sin depender de etiquetas simplistas.
