La fiscal general Michelle Rowland anunció que las grandes corporaciones con ingresos superiores a 100 millones de dólares australianos serán penalmente responsables si no evitan el trabajo forzado y la servidumbre por deudas en sus cadenas de suministro. O sea, ya no basta con poner un letrero de “aquí no hay esclavos” mientras los proveedores en el otro lado del planeta siguen cosiendo pelotas, camisetas o smartphones con grilletes invisibles.
La medida llega justo después de que Estados Unidos amenazara con meter un arancel del 12,5 % a los productos australianos por no frenar la importación de bienes fabricados con trabajo forzado. Traducción adulta: Australia reaccionó cuando le dolieron los bolsillos, no cuando le dolió la conciencia. Porque nada despierta la moral empresarial más rápido que la posibilidad de que te cobren extra por cada contenedor que llegue con olor a explotación.
Alrededor de 4.000 empresas tendrán que informar anualmente qué están haciendo para evitar esta lacra. Y si fallan, ahora les caerá un delito penal encima, además de sanciones civiles. Imagínate al CEO explicándole al juez que “el proveedor tailandés nos aseguró que los trabajadores solo hacían horas extras voluntarias… de 18 horas diarias”. La Policía Federal ya investigó 280 casos el año pasado. Ahora, con el nuevo delito, seguramente subirán las estadísticas… y también las donaciones a partidos políticos para “suavizar” la letra chica de la ley.
En resumen, Australia descubrió que la esclavitud moderna se combate mejor cuando el tío Sam te amenaza con el látigo de los aranceles. Las empresas, mientras tanto, ya están contratando abogados especializados en “diligencia debida” para poder seguir explotando mano de obra barata… pero esta vez con un informe de 200 páginas que demuestre que “hicimos todo lo posible”. Porque en el capitalismo actual, la esclavitud no desaparece: simplemente se vuelve más difícil de probar en los tribunales.
