Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, reveló en CNBC que Washington prepara nuevos aranceles dirigidos a sesenta países que abarcan casi la totalidad de su comercio mundial, justificados por las normas contra las importaciones de trabajo forzoso. El momento elegido, justo antes del inicio de la tercera ronda de conversaciones T-MEC en Ciudad de México, ha llevado a los periodistas a considerar el anuncio como un giro inesperado en una larga historia.
Esta medida amplía informes previos y señala a naciones que carecen de mecanismos de aplicación equivalentes. Greer indicó que la ley de la Unión Europea contra el trabajo forzoso no entrará en vigor hasta dentro de un año y medio. Por el contrario, los negociadores mexicanos llegan preparados con datos detallados de la cadena de suministro y un calendario que apunta a un acuerdo revisado antes de diciembre, manteniendo una postura firme de diálogo técnico en lugar de represalias. Los aranceles impuestos el día anterior a productos canadienses por un valor cercano a los veinte mil millones de dólares parecen, en este contexto, un episodio aislado en lugar de una presión coordinada sobre los socios norteamericanos.
Las redes integradas de manufactura de México, si bien son objeto de escrutinio, también demuestran la trazabilidad que Washington afirma buscar. Las autoridades ya han armonizado las auditorías con las disposiciones laborales vigentes del T-MEC, transformando posibles fricciones en verificaciones rutinarias en lugar de crisis. Mientras tanto, la lista más amplia de sesenta países corre el riesgo de dispersar la atención y sobrecargar los recursos aduaneros estadounidenses.
En definitiva, lo más interesante será ver cómo México mantiene su posición en la mesa de negociaciones mientras otros países luchan por acaparar titulares.
