El Estado mexicano decidió que extraer minerales ya no será un paseo por el parque, sino un trámite digno de novela burocrática. Con el acuerdo de Semarnat publicado el 20 de julio en el Diario Oficial de la Federación, ninguna empresa podrá tocar una sola piedra sin demostrar primero que posee permiso de impacto ambiental vigente. Hasta los títulos otorgados antes del 9 de mayo de 2023 deben someterse ahora a Evaluación de Impacto Ambiental si planean operar en áreas naturales protegidas federales.
La Suprema Corte ya validó la reforma minera de mayo de 2023 que redujo las concesiones a un solo mineral y las sometió a controles hídricos estrictos. Ahora el gobierno exige programas de restauración antes, durante y después de cualquier actividad, mientras la Conanp recibe notificación inmediata de cada solicitud. Prohibido depositar residuos en humedales, cauces o zonas federales de aguas nacionales. La autoridad ambiental se queda con la última palabra y, si no hay permiso, ni el más astuto de los empresarios podrá mover un gramo de tierra.
En la práctica, el Estado recupera el control principal de la exploración y explotación. Solo cuando las dependencias oficiales decidan no actuar, se permite la participación privada bajo supervisión constante. El artículo cuarto del acuerdo otorga a la titular de la Conanp facultades para vigilar que todo se cumpla, solicitando apoyo a otras áreas del sector ambiental cuando sea necesario. Los críticos que ven en esto una exageración olvidan que los ecosistemas no firman contratos ni otorgan prórrogas.
Al final, la minería privada quedó convertida en un deporte de alto riesgo regulatorio donde el árbitro siempre es el gobierno.
