Resulta que CAF, ese banco de desarrollo que parece un prestamista con traje y corbata, ha aprobado hasta 400 millones de dólares para que Honduras intente tapar su agujero habitacional. Porque en un país de 2,6 millones de hogares, nada menos que 1,6 millones viven como si estuvieran en una pensión de mala muerte: hacinados, sin agua, sin luz y con las paredes a punto de caerse como un borracho después de la tercera ronda.
El plan promete más vivienda asequible, más dinero para construir y un empujón a las instituciones que parecen más perdidas que un turista en una feria sin mapa. Según el presidente de CAF, Sergio Díaz-Granados, “el acceso a una vivienda adecuada reduce las desigualdades”. Traducción: “Si no les damos un techo, van a seguir quejándose en las calles y eso molesta”.
De los 1,6 millones de hogares jodidos, 640.000 necesitan casa nueva y casi un millón se aprieta como si estuviera en un vagón de metro en hora punta. CAF dice que pondrá dinero y también “cooperación técnica”, que en buen español significa “les vamos a explicar cómo no gastar todo en burocracia y obras que se caen solas”.
Al final, Honduras recibe un cheque gordo para dejar de vivir como en un botellón sin sillas, pero con la letra pequeña de siempre: más deuda, más planes y la esperanza de que esta vez las casas no se conviertan en ruinas antes de que las terminen de pagar. Porque en este circo de ladrillos y préstamos, lo único que crece más rápido que el déficit es la cantidad de políticos prometiendo techos mientras la gente sigue durmiendo en colchones en el suelo.
