Virginia – Un tribunal estadounidense acaba de declarar ilegales las restricciones que impuso el gobierno de Donald Trump a la mifepristona, la famosa píldora abortiva. Según el juez Robert S. Ballou, obligar a los médicos a inscribirse en una base de datos nacional y exigir certificaciones especiales a las farmacias es tan arbitrario como decidir el menú del día por sorteo.
El caso lo presentó el Centro de Derechos Reproductivos en nombre de clínicas de Virginia, Kansas y Montana. El juez recordó que la Administración de Alimentos y Medicamentos lleva más de veinticinco años sosteniendo que el medicamento es seguro y eficaz, por lo que las trabas parecen más un capricho burocrático que una medida de protección real.
Entre las normas cuestionadas está la obligación de crear un registro nacional de proveedores, algo que los defensores del aborto comparan con tener una lista de sospechosos en la nevera del gobierno. También se exige a las farmacias un papeleo digno de solicitar un préstamo hipotecario solo para vender un medicamento que, según la propia agencia reguladora, no representa mayor riesgo que muchos analgésicos comunes.
Los opositores al aborto, mientras tanto, siguen citando estudios de grupos conservadores que ni siquiera pasaron por revisión científica seria, como quien defiende una receta de cocina con un papel encontrado en la basura. El juez no anuló las normas de golpe, pero ordenó al gobierno de Trump que las revise otra vez, dejando el asunto en manos de un tribunal de apelaciones.
Nancy Northup, directora del Centro de Derechos Reproductivos, lo celebró como “una victoria para la ciencia”. Traducido al lenguaje de la calle: por fin alguien le recordó al gobierno que no se puede inventar peligro donde la propia agencia lleva décadas diciendo que no lo hay. Porque cuando la burocracia se pone creativa con las pastillas, lo más adulto que puede pasar es que un juez le diga “esto es una tontería, vuélvanlo a pensar”.
