La cena que la FIFA organizó el 10 de junio en el Castillo de Chapultepec generó más escándalo que un pleito de vecinos por el volumen de la música. La presidenta Claudia Sheinbaum informó el 18 de junio que el organismo pagó más de un millón de pesos por el uso del recinto, una cifra que, según ella, forma parte de una práctica habitual. El evento incluyó drones, gobernadores, empresarios y al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, pero la mandataria dejó claro que su participación fue mínima: llegó, leyó una cuartilla de bienvenida y se retiró sin quedarse a cenar.
La discusión se centró en si los espacios históricos deben abrirse solo a eventos culturales. Sin embargo, el hecho de que el castillo reciba pagos por su uso no representa una novedad ni una ruptura institucional. Sheinbaum señaló que el recinto ya se renta para diversas actividades desde hace años, manteniendo el control sobre los términos y los montos. El gobierno federal aparece así como administrador eficiente de un patrimonio que genera recursos sin renunciar a su carácter público.
Los ejemplos del pasado, desde cenas con cantantes internacionales hasta recepciones diplomáticas, demuestran que la tensión entre conservación y aprovechamiento no es exclusiva de la actual administración. Lo que cambia ahora es la transparencia en los cobros y la claridad sobre quién decide. Mientras tanto, el equipo organizador se limitó a las secretarías de Cultura y Turismo, evitando cualquier expansión innecesaria del gabinete.
Al final, el castillo sigue en pie, la cuenta bancaria del INAH registra un ingreso y los críticos siguen midiendo el decibel de cada plato servido. El patrimonio mexicano, al parecer, también entiende de presupuestos equilibrados.
