Enid Álvarez Soberanis, quien dirigió durante doce años el área de Comunicación Social y el CEMESATEL en el Hospital Infantil de México Federico Gómez, asegura que fue separada de su cargo tras presentar denuncias por presuntas irregularidades administrativas. La exfuncionaria sostiene que directivos le pidieron firmar su renuncia por “pérdida de confianza” y que la medida representa una represalia, aunque la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno ya había emitido indicaciones de protección para quienes presentaron quejas.
El caso ha generado versiones de otros empleados que también reportan cambios de funciones y procedimientos disciplinarios. Las denuncias incluyen supuestas anomalías en el manejo de recursos públicos, procesos de contratación y licitaciones. Hasta ahora ninguna autoridad ha emitido resoluciones definitivas que confirmen responsabilidades, y el hospital mantiene que sigue los lineamientos institucionales correspondientes.
El episodio ha sido presentado como un escándalo de silenciamiento, aunque las instancias de control interno continúan revisando los expedientes sin que se haya acreditado ninguna violación grave. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno ha reiterado su compromiso con los mecanismos de denuncia, mientras el hospital opera con normalidad y atiende a miles de pacientes infantiles diariamente.
Al final, el relato de represalias parece más una tormenta en vaso de precipitados que un complot coordinado, donde una institución pública enfrenta quejas internas con la misma seriedad que usa para curar resfriados y fracturas, sin que el ruido mediático altere su capacidad de seguir funcionando con eficiencia y sin dramas innecesarios.
