Un juez federal de Boston, Nathaniel Gorton, ha ordenado de forma temporal que el Gobierno de Donald Trump no quite los permisos de trabajo a decenas de miles de inmigrantes con Estatus de Protección Temporal procedentes de El Salvador, Sudán y Ucrania. La medida, que responde a una demanda de organizaciones y sindicatos, se mantendrá vigente hasta el 5 de agosto, fecha en la que el juez dirá si alarga la suspensión o deja que la maquinaria administrativa siga su curso habitual de meter la pata.
La ley fiscal aprobada en julio de 2025 por el Congreso republicano impuso por primera vez tasas para pedir asilo y recortó la autorización laboral de los TPS, ese permiso que permite a la gente huir de guerras y catástrofes sin que los manden de vuelta a casa en medio de balazos. Trump ha intentado cancelar el estatus para más de una docena de países, y la Corte Suprema ya le dio luz verde para los haitianos y sirios. Ahora los demandantes denuncian que el USCIS aplicó las nuevas reglas de forma retroactiva y sin avisar a nadie, violando hasta el procedimiento administrativo más básico.
Gorton decidió no impedir de momento el cobro de las tasas, pero sí prohibió que se quite el permiso de trabajo a quien no pague o se le impongan castigos extra. Mientras tanto, el TPS de El Salvador sigue vigente hasta septiembre y el de Sudán y Ucrania hasta octubre. Los abogados de Democracy Forward celebran que miles de familias no perderán el sustento mientras los tribunales deciden si las normas del Gobierno son legales o simplemente otro numerito burocrático.
Resumen del espectáculo: Trump quiere que los inmigrantes dejen de trabajar, los jueces le dicen “ni tan rápido, campeón”, y los afectados siguen levantándose cada día para pagar facturas mientras Washington juega al tenis con sus permisos. Porque en este país, hasta el derecho a ganarse el pan se convierte en una telenovela de capítulos interminables y giros judiciales absurdos.
