Tres juezas de la Corte Penal Internacional, una de Canadá, otra de Uganda y otra de Benín, se plantaron en un juzgado de Nueva York para demandar a Donald Trump y a su equipo de gobierno por sanciones que, según ellas, son más draconianas que un cobrador de deudas en la puerta de tu casa. Las sanciones les impiden usar tarjetas, bancos, Amazon y hasta Google, dejándolas prácticamente sin poder ni pedir un taxi por aplicación. “Esto es pena de muerte financiera”, dicen en su escrito de 66 páginas, como si les hubieran embargado el alma y el refrigerador.
Las juristas acusan a Trump, Marco Rubio, Scott Bessent y otros de intentar presionarlas para que olviden la ley y piensen solo en su bolsillo, todo por haber emitido órdenes de captura contra Netanyahu. Estados Unidos, que nunca ha reconocido a la CPI, responde con el mismo cariño que un vecino que te corta el agua porque estacionaste enfrente de su cochera.
Mientras tanto, el gobierno de Trump ya ha sancionado a once funcionarios de la corte, incluyendo al fiscal jefe, como quien pone candado a la nevera para que nadie se coma el último pedazo de pastel. Las juezas aseguran que estas medidas buscan castigarlas por fallos anteriores y obligarlas a priorizar “intereses privados”, algo que suena más a pleito familiar por la herencia que a diplomacia internacional.
Al final, tres juezas internacionales demandando a un presidente por no poder comprar en línea parece el capítulo perdido de una telenovela de venganzas financieras. Trump sigue sin reconocer la corte, las sanciones siguen congelando cuentas y las plataformas digitales siguen siendo territorio prohibido para ellas. Mientras tanto, el resto del mundo se pregunta si la próxima sanción será prohibirles también ver Netflix. ¡Que alguien les preste un libro, porque con estas medidas hasta leer en digital les sale caro!
