Bruselas ha aprobado su vigesimoprimer paquete de sanciones contra Rusia por la guerra en Ucrania, con restricciones al sector bancario y a las redes de criptomonedas, como si eso fuera a doler más que un resfriado de verano. Sin embargo, el paquete incluye una exención de un año renovable automáticamente que permite a las empresas europeas seguir transfiriendo gas natural licuado ruso a terceros países, todo gracias a las exigencias de Grecia, que amenazó con no levantar la mano si no le dejaban seguir haciendo negocio.
Los diplomáticos comunitarios han salido con la cara de quien acaba de perder una apuesta: “Los Estados miembros han mostrado solidaridad con Grecia y se espera que Grecia haga lo mismo con los demás en el futuro”. Es decir, un trueque de favores digno de una partida de mus en un bar de pueblo, donde uno pide que le salven el gas y el otro promete no tocarle las aceitunas más adelante.
Atenas ha defendido la jugada diciendo que prohibir esos servicios solo trasladaría el mercado fuera de Europa sin tocar los ingresos rusos, como si el problema fuera dónde se vende el gas y no que siga vendiéndose. Las importaciones directas de gas natural licuado ruso a la Unión Europea quedarán prohibidas a partir del 1 de enero, pero el traspaso a otros países sigue siendo un negocio redondo gracias a la exención.
El paquete también añade 218 designaciones nuevas: 170 entidades y 48 personas físicas que se quedarán sin poder mover un euro ni salir de vacaciones. Congelación de activos y prohibición de viajar, el clásico menú de sanciones que Rusia ya tiene tan visto como los anuncios de la televisión.
En resumen, la Unión Europea presume de mano dura contra Moscú mientras Grecia negocia como un taxista en huelga para que no le quiten el surtidor. Al final, las sanciones parecen más un numerito para la galería que una verdadera encerrona, y el gas licuado ruso sigue circulando como un paquete de tabaco de contrabando en un festival de música.
