Resulta que el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva ha decidido soltar 18.500 millones de reales (3.660 millones de dólares) para que las empresas afectadas por los aranceles yanquis no terminen pidiendo limosna en la puerta del BNDES. Según el comunicado oficial, 13.500 millones saldrán del Tesoro y los otros 5.000 los pondrá el banco estatal, como si estuvieran organizando una rifa gigante para que nadie se quede sin el aguinaldo.
La medida también servirá para tapar los agujeros de las empresas jodidas por cualquier conflicto internacional, porque parece que en Brasil ya no hay crisis que no se resuelva echando plata como si fuera agua en un incendio de chiringuito. Lula, que la semana pasada ya había anunciado algo parecido para la vivienda, ahora extiende la mano para que las fábricas de maquinaria, calzado y madera no tengan que cerrar como bares en plena pandemia.
Mientras tanto, Trump sigue subiendo tarifas como si estuviera jugando al Monopoly con el mundo entero, y Brasil responde con créditos blandos y promesas de diversificar mercados. Al final, el dinero público se reparte como en una comida familiar: unos comen, otros pagan la cuenta y el que más jode es el que se queda con el postre.
Porque en este circo de aranceles y rescates, lo único que crece más rápido que la deuda es la cantidad de políticos que juran defender la industria nacional mientras firman cheques como si el Tesoro fuera un cajero automático sin límite.
