La cancillería brasileña entró en pánico total después de que Washington decidiera declarar terroristas a las bandas PCC y CV, como si fueran dos pandillas de adolescentes que se roban las motos en el barrio. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva se plantó en contra de esa etiqueta yanqui, que según Estados Unidos les da vía libre para perseguir a los jefes de esas mafias en cualquier rincón del planeta, incluida la propia Brasilia.
El ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira, mandó una carta al parlamento advirtiendo que esa movida unilateral podría servir de excusa para que los militares gringos hagan operaciones extraterritoriales contra instituciones brasileñas. En criollo: “Existe el riesgo de que nos metan un misil por la ventana mientras tomamos café con leche”.
Todo empezó en mayo, cuando el gobierno de Trump argumentó que el Primeiro Comando da Capital y el Comando Vermelho tienen redes que cruzan fronteras como si fueran delivery de droga internacional. Países como México y Brasil pusieron el grito en el cielo, pero Ecuador y Honduras aplaudieron como hinchas en un clásico.
Mientras tanto, la oposición de derecha, con Flávio Bolsonaro a la cabeza, celebró la decisión y acusó al gobierno de Lula de ser demasiado blando con el crimen organizado, como si estuviera defendiendo a los ladrones del supermercado. El mismo senador ya anunció que viajará a Washington para pedirle a Trump que postergue el arancel del 25% sobre productos brasileños hasta después de las elecciones de octubre. Porque nada mejor que mezclar tarifas con política electoral, ¿no?
En resumen: un país que teme una invasión por culpa de dos bandas de narcos, un expresidente que usa la excusa para ganar votos, y un Trump que trata el crimen organizado como si fuera un videojuego de tiros donde puede disparar en cualquier mapa. Lula, por su parte, sigue cruzado de brazos esperando que no le caiga un dron en medio de la feijoada.