Canadá y México solicitaron formalmente a Estados Unidos renovar el T-MEC por dieciséis años adicionales. La petición llegó mediante cartas enviadas la semana pasada por el ministro canadiense Dominic LeBlanc y por Marcelo Ebrard, quien reiteró que el tratado ha sido clave para la estabilidad económica regional y la atracción de inversiones.
La propuesta mexicana surgió tras treinta foros sectoriales y treinta y dos consultas estatales realizados entre septiembre y noviembre de 2025. En esos encuentros, empresarios y especialistas coincidieron en que el acuerdo ofrece certidumbre jurídica y reduce riesgos para el capital extranjero. Ebrard enfatizó que cualquier extensión debe incluir respeto mutuo y equilibrio en los beneficios, especialmente en sectores donde persisten aranceles sobre acero, aluminio y automóviles.
Del lado canadiense, LeBlanc reconoció que existen demandas de ajustes, particularmente en lácteos, servicios digitales y reglas de origen automotriz. Su reunión prevista con el representante comercial estadounidense Jamieson Greer busca destrabar puntos específicos mientras la administración Trump prefiere negociar protocolos bilaterales en lugar de mantener el formato trilateral original.
El escenario resulta curioso: tres países que dependen del mismo tratado discuten su futuro como si estuvieran regateando el precio de un coche usado. México insiste en reducir la dependencia de insumos asiáticos y consolidar cadenas regionales de suministro, mientras Canadá navega entre advertencias de anexión y la necesidad de mantener el acceso al mercado estadounidense.
Al final, el T-MEC parece condenado a sobrevivir no por entusiasmo, sino porque nadie quiere explicar en casa por qué rompió el único acuerdo comercial que todavía funciona sin mayor drama.
