En un arranque de dignidad digno de un niño que no quiere devolver el juguete robado, el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo rompió todas las relaciones diplomáticas con Italia porque el canciller Antonio Tajani se atrevió a pedir que les entregaran a Alessio Casimirri, el italiano de 74 años condenado a seis cadenas perpetuas por el asesinato del ex primer ministro Aldo Moro en 1978. Según Managua, las palabras de Tajani fueron “injustificadas, agresivas e irresponsables” y un insulto a la “arrogancia europea”. O sea, que criticar que Nicaragua lleve décadas protegiendo a un asesino convicto es de mala educación.
Casimirri llegó al país en 1983, se nacionalizó bajo el primer gobierno de Ortega y desde entonces vive como si nada, mientras Italia y el Parlamento Europeo siguen pidiendo que responda ante la justicia. El régimen lo defiende como si fuera un invitado de honor en una finca de veraneo. Y no está solo: Nicaragua se ha convertido en el hotel de lujo para prófugos de alto nivel. Ahí están el expresidente panameño Ricardo Martinelli, el exjefe de inteligencia colombiano Carlos Ramón González y el fallecido expresidente salvadoreño Mauricio Funes, todos con asilo cortesía de la casa.
El gobierno nicaragüense, al que ya le han puesto el cartel de “dictadura grosera” hasta el propio papa Francisco, ha roto relaciones con Taiwán, Países Bajos, Ecuador, Israel y ahora Italia, como si coleccionara enemigos en vez de aliados. Tajani lo resumió en Madrid: “Este señor vive en libertad en Nicaragua y eso es inaceptable”. La respuesta de Managua fue cortar el teléfono y gritar “¡no te hablo más!” como en una telenovela de los 80.
En resumen, Ortega y Murillo prefieren seguir albergando terroristas y corruptos antes que enfrentarse a una orden de extradición. Italia se queda sin embajador, Casimirri sigue libre y Nicaragua sigue rompiendo lazos como quien rompe platos en una boda gitana. ¡Qué viva la soberanía… y el club de los buscados por la Interpol!
