El gobierno interino de José Balcázar está más presionado que un vendedor de churros en plena procesión. Los seguidores del expresidente Pedro Castillo, ese que intentó disolver el Congreso como quien apaga la luz de la sala para que nadie vea el desastre, vuelven a la carga con pedidos de indulto humanitario. Ya van seis intentos y todos han sido rechazados como si fueran propuestas de matrimonio en una telenovela barata.
Antes de que Keiko Fujimori asuma el 28 de julio, los castillistas han convocado marchas nacionales para “exigir” la excarcelación del líder. Roberto Sánchez, el candidato derrotado, se subió al escenario y citó una opinión no vinculante de un grupo de la ONU que considera la prisión de Castillo “arbitraria”. Es decir, un papelito que dice “suéltenlo ya” pero que en Lima vale tanto como un vale de descuento caducado.
Balcázar, con cara de quien acaba de recibir una herencia envenenada, reconoció que el documento de la ONU “modifica un poco el escenario jurídico”. Los constitucionalistas locales, sin embargo, ya aclararon que esa recomendación no obliga a nadie, igual que cuando tu suegra te sugiere que bajes de peso pero sigues comiendo todo lo que hay en la nevera.
Mientras tanto, la cancillería peruana repite como loro amaestrado que las opiniones de la ONU no cambian las decisiones nacionales. O sea, que pueden recomendar lo que quieran, que aquí se hace lo que se le antoje al Congreso y a los jueces.
Al final, Perú parece ese barrio donde todos gritan “¡libérenlo!” mientras la nueva presidenta se pone el delantal y se prepara para heredar el mismo lío que dejó el anterior. Entre marchas, indultos negados y opiniones internacionales que nadie cumple, el país sigue pareciendo una telenovela de enredos donde el único que siempre gana es el que controla el mando a distancia.
