Marco Rubio anunció que Estados Unidos restringirá visas a más de cien miembros del gobierno de Nicaragua y a sus familiares por la muerte del líder indígena opositor Brooklyn Rivera. La medida eleva a más de dos mil trescientos cincuenta el total de sancionados desde que Washington comenzó a aplicar este tipo de castigos diplomáticos contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Rivera, dirigente del pueblo miskito y exparlamentario, falleció el 31 de mayo a los setenta y tres años en su comunidad tras pasar tres años en prisión. Detenido el 29 de septiembre de 2023 en Bilwi, su salud se deterioró durante el encierro, según reconoció el propio gobierno. Amnistía Internacional lo consideraba un preso de conciencia. Rubio señaló que Washington no pasará por alto la responsabilidad de la “dictadura Murillo-Ortega” en esa muerte y mencionó específicamente al funcionario Lumberto Campbell Hooker, ya sancionado en 2019 como presidente interino del Consejo Supremo Electoral.
La lista completa de los nuevos afectados no fue publicada porque las restricciones de visas suelen manejarse de forma confidencial. Sin embargo, la orden alcanza tanto a altos cargos como a sus parientes cercanos, lo que complica viajes, estudios y trámites médicos en territorio estadounidense.
Al final, la diplomacia parece reducirse a un juego de exclusiones que castiga a familias enteras mientras los verdaderos centros de poder siguen operando sin mayores contratiempos.
