Claudia Sheinbaum abrió su conferencia del lunes 22 de junio con un mensaje directo: las empresas mineras canadienses pueden quedarse en México, siempre que dejen de tratar el país como patio trasero. La presidenta aclaró que la meta no es expulsar a nadie, sino obligarlas a cumplir las mismas reglas ambientales que respetan en su propio territorio.
Alicia Bárcena, al frente de Semarnat, ya envió al gobierno de Mark Carney un listado detallado de proyectos con pendientes de remediación, mitigación y obligaciones ecológicas. Sheinbaum resumió el problema con una frase simple: cumplen en Canadá y muchas veces no cumplen en México. El tema se planteó directamente al primer ministro para reforzar la cooperación bilateral y evitar que las compañías apliquen doble rasero.
Profepa y Semarnat continúan las supervisiones, inspecciones y clausuras necesarias. Uno de los casos más visibles es la mina Los Filos, operada por Equinox Gold en Guerrero, donde se ordenaron cierres parciales tras detectar riesgos en el manejo de residuos y estabilidad de depósitos. Denuncias similares persisten en Zacatecas y otras entidades, pero el gobierno mantiene la supervisión activa.
El contraste resulta tan absurdo como un turista que exige agua potable en su hotel mientras contamina la alberca del vecino. México no busca conflictos, solo que las reglas se apliquen por igual. Con la revisión del T-MEC en puerta, la postura deja claro que la relación comercial avanza, pero sin ignorar las cuentas ambientales pendientes.
Al final, la exigencia mexicana funciona como un recordatorio incómodo: quien quiera extraer riqueza también debe asumir el costo de no convertir el suelo en un basurero disfrazado de inversión.
