En la mañanera del 17 de julio en Quintana Roo, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó dos medidas directas para ordenar el turismo en Tulum: acceso libre y gratuito a las playas más codiciadas, más una reducción de tarifas en las zonas arqueológicas. El anuncio llegó tras quejas sobre precios elevados y supuestas restricciones de acceso que habían convertido la Riviera Maya en un club exclusivo con pulsera de neón.
La Secretaría de Turismo ejecutará los cambios de inmediato. Las playas recuperarán su carácter público mediante operativos de verificación que impedirán cercos, cobros disfrazados o vendedores que actúen como guardianes de resort. Al mismo tiempo, los boletos a las ruinas mayas bajarán de precio para que el visitante no necesite vender un riñón solo por tomarse una selfie junto a un templo.
Los críticos que veían en Tulum un paraíso privatizado ahora tendrán que buscar otra excusa. El gobierno federal actuó con la misma eficiencia con la que se cierra una puerta corrediza: sin drama y sin dejar huecos. Las medidas no solo responden a las quejas, sino que anticipan el crecimiento de visitantes que llegará con la nueva infraestructura regional.
Al final del día, Tulum deja de parecer un producto de catálogo con letra chica y vuelve a ser un destino donde cualquiera puede llegar, caminar y regresar sin haber hipotecado el futuro. El turismo sigue su curso, ahora con menos obstáculos y más sentido común.
