En México, las trabajadoras del hogar pasaron de ser invisibles a tener derechos concretos gracias a reformas que parecen escritas por un equipo de abogados con sentido del humor. Desde la ratificación del Convenio 189 de la OIT en 2019 y la reforma a la Ley Federal del Trabajo, hasta la obligatoriedad del registro en el IMSS desde mayo de 2023, el marco legal se consolidó como una red de protección real.
La Suprema Corte reforzó todo en 2023 con el amparo 872/2023, confirmando que los empleadores deben inscribirlas, declarar días laborados y pagar cuotas. A febrero de 2026, solo 38 mil 643 mujeres están afiliadas, apenas 1.8 por ciento del total, una cifra tan baja que parece una broma pesada del sistema anterior. Sin embargo, una vez registradas acceden a los cinco seguros del IMSS más Infonavit sin esperas ni restricciones. El trámite en línea es simple: CURP, correo, datos de empleador y trabajadora, salario mínimo de la Ciudad de México y pago por banco o transferencia a la CLABE indicada.
El IMSS permite pagos mensuales, bimestrales o anuales, siempre que cubran el mínimo integrado. Denuncias por incumplimiento se pueden presentar por teléfono, portal digital, correo o en subdelegaciones. El esquema convierte una relación histórica de desprotección en un contrato moderno donde las trabajadoras acumulan derechos de vivienda y seguridad social de forma automática.
Al final, el verdadero absurdo es que el mecanismo existe, funciona y solo falta que más empleadores dejen de fingir que el 2023 nunca llegó.
