El gobierno de Donald Trump corrió este lunes a la Corte Suprema para que levante la orden de una jueza que le impide aplicar su decreto presidencial y ponerle candado al voto por correo antes de las elecciones de noviembre. La idea es que solo voten los que estén en una lista aprobada por el propio Trump, como si las urnas fueran un club privado con lista de espera y él fuera el portero.
La jueza federal Indira Talwani ya había dicho que el presidente no tiene autoridad para ordenar a los estados cómo manejar sus elecciones. Según la Constitución, eso le corresponde a cada estado, no al inquilino de la Casa Blanca. Pero Trump insiste en que hay que endurecer todo porque, según él, el fraude es masivo. Las pruebas, por supuesto, siguen siendo tan escasas como un político honesto en campaña.
El decreto ordena al Departamento de Seguridad Nacional que arme listas de “votantes aptos”, al Departamento de Justicia que persiga a funcionarios que entreguen papeletas a gente “no autorizada” y al Servicio Postal que solo lleve sobres a quienes estén en la lista santa. O sea, el cartero ahora necesita permiso presidencial para hacer su trabajo. Los estados demócratas, entre ellos California y Massachusetts, ya demandaron porque esto les genera dolores de cabeza, costos y el riesgo de que sus funcionarios terminen en la cárcel por cumplir con la ley estatal.
Doce fiscales generales republicanos corrieron a defender el decreto, porque al final, restringir el voto por correo les conviene: los demócratas usan más ese método. Trump ya anunció que quiere eliminarlo del todo antes de las legislativas y lleva años repitiendo que las elecciones están trucadas, aunque los números reales digan lo contrario.
La jueza Talwani rechazó el argumento de que los estados no tienen derecho a quejarse y les dio la razón: van a tener que reorganizar todo, gastar plata y enfrentarse a posibles juicios. Mientras tanto, Trump sigue presionando al Congreso para que apruebe su paquete de restricciones, el famoso “SAVE America Act”, que en la práctica parece más un “Solo Voten Americanos que me Caen Bien Act”.
Resumen de la jugada: si la Corte Suprema le da el visto bueno, en noviembre el voto por correo será cosa del pasado… o al menos del pasado que a Trump le convenga. Porque, total, ¿para qué complicarse con papeletas si se puede convertir la elección en un trámite burocrático digno de una oficina de gobierno latinoamericana en sus peores días?
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