Desde la Casa Blanca, Donald Trump firmó órdenes ejecutivas que reducen el Grand Staircase-Escalante y Bears Ears a menos de una décima parte de su tamaño original. Cientos de miles de hectáreas que antes estaban protegidas ahora quedan listas para que las empresas saquen petróleo, carbón y minerales como si estuvieran desvalijando un armario viejo antes de mudarse.
Rodeado de republicanos y del gobernador de Utah, Trump declaró que se trataba de algo “muy dramático e importante”. El gobernador, por su parte, soltó que estos monumentos eran más grandes que Delaware y que la ley solo permite proteger “la menor área posible”. Es decir, que para él un paisaje lleno de fósiles vale menos que un parking de centro comercial.
El Grand Staircase-Escalante se queda con apenas el 9 % de su superficie y Bears Ears con el 10 %. El resto queda abierto a la extracción, tal como ya intentó Trump en 2017 antes de que Biden lo revirtiera en 2021. Ahora el péndulo vuelve a girar y los conservacionistas ya amenazan con demandar otra vez, mientras el Departamento de Justicia insiste en que un presidente puede reducir o incluso eliminar estos espacios.
Entre tanta ida y vuelta, Utah parece un campo de fútbol donde Trump y Biden se pasan el balón de las hectáreas protegidas sin que nadie marque gol. Los opositores recuerdan que la ley de 1906 permite crear monumentos pero no dice nada de reducirlos, aunque eso no impide que la Casa Blanca siga firmando órdenes como quien firma vales de descuento en la gasolinera.
Al final, entre recortes, demandas y promesas de independencia energética, el mensaje queda claro: si hay algo debajo de la tierra que se pueda vender, se vende. Y si queda algún fósil por el camino, que se consuele pensando que al menos sirvió para pagar la factura de la luz. Porque en este circo, los monumentos nacionales duran lo mismo que un helado en pleno agosto.
