Caracas – En un anuncio que suena más a berrinche de niño rico que a decisión diplomática, el ministro de Relaciones Exteriores venezolano, Félix Plasencia, le comunicó a la ONU que el país se retira “firme e irrevocablemente” de la Corte Penal Internacional. Según Plasencia, la CPI tiene un “sesgo geográfico” que solo persigue a africanos y latinoamericanos, como si el resto del planeta fuera un club exclusivo de países que nunca cometen tropelías.
La cosa viene de lejos. En 2020 el fiscal de turno ya había dicho que había “base razonable” para investigar si altos mandos venezolanos andaban metidos en crímenes de lesa humanidad desde 2017. El gobierno respondió como quien recibe una multa de tráfico: negándolo todo y ahora, para rematar, haciendo las maletas y gritando “¡esto es un complot del Norte!”.
En la práctica, la retirada significa que Venezuela ya no tendrá que contestar llamadas de un tribunal que, según ellos, solo se dedica a joder al Sur Global mientras los peces gordos de otros continentes siguen jugando al golf sin que nadie los moleste. Es como si un tipo acusado de robar el banco se saliera del grupo de WhatsApp del juzgado y luego se quejara de que “la justicia es muy selectiva”.
Los más cínicos ya bromean que la CPI debería cambiar de nombre a “Corte Penal de Países que no tienen suficiente petróleo o votos en la ONU”. Mientras tanto, en Caracas celebran la jugada como una victoria soberana: “¡Nos vamos antes de que nos investiguen de verdad!”. Porque al final, cuando la fiesta se pone incómoda, lo más adulto que se puede hacer es agarrar la puerta y largarse dando portazos.
