Estados Unidos impuso sanciones contra nueve personas cercanas a la dirección de Hezbolá o que forman parte de ella, acusándolas de obstruir el proceso de paz en Líbano. Entre los sancionados figuran los diputados Hassan Fadlallah, Ibrahim al Moussawi y Hussein al Hajj Hassan, además del líder del consejo ejecutivo Mohamed Abdel Motaleb Fanich. También fueron señalados Ahmad Asaad Baalbaki y Ali Ahmad Safawi, del movimiento Amal, aliado político del grupo, y dos oficiales del ejército libanés: el general Khattar Nasser el Din y el coronel Samir Hamadi.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró que Hezbolá es una organización terrorista que debe ser completamente desarmada y que el Departamento del Tesoro seguirá actuando contra quienes permiten su campaña de violencia. El Departamento de Estado ofreció hasta 10 millones de dólares por información que ayude a interrumpir los mecanismos financieros del grupo. Mohammad Reza Sheibani, embajador designado de Irán en Líbano, también fue sancionado después de ser declarado persona non grata y expulsado en marzo.
Hezbolá condenó las medidas y las calificó de intento de intimidar al pueblo libanés para reforzar la agresión israelí, aunque aseguró que no tendrán impacto práctico en sus decisiones. Amal las consideró inaceptables e injustificadas. Las sanciones congelan bienes y prohíben transacciones con ciudadanos o empresas estadounidenses, extendiéndose a filiales extranjeras que operen en dólares.
Líbano quedó involucrado en el conflicto tras los ataques de Hezbolá contra Israel a inicios de marzo, seguidos de una incursión israelí en el sur del país. Aunque desde el 17 de abril rige una tregua, los enfrentamientos persisten. Al final, las sanciones parecen un intento de asfixiar financieramente a quienes mueven los hilos en Beirut, mientras la paz sigue pareciendo más un deseo que una realidad concreta en la región.
