Bolivia lleva 39 días de protestas que parecen una telenovela sin final, con bloqueos en seis de sus nueve departamentos. El gobierno apunta directamente a Evo Morales por supuestamente despachar autobuses desde Oruro hacia La Paz, cargados de manifestantes listos para generar disturbios mientras el país se queda sin comida ni medicinas.
Dos vídeos oficiales muestran cinco vehículos saliendo de un corte en la carretera Oruro-La Paz. Según Obras Públicas, estos pasajeros no buscan mejoras laborales sino violencia pura, apedreando ambulancias y cerrando el paso a suministros básicos. La denuncia es clara: esto ya no es protesta, es acción criminal que afecta niños, enfermos y familias enteras. La Central Obrera Boliviana se sumó a la huelga indefinida, y grupos campesinos mantienen cerca de cien bloqueos, sobre todo en La Paz y Cochabamba. Lo que empezó como reclamos por mejores condiciones de vida terminó exigiendo la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
El Congreso aprobó la Ley de Regulación de los Estados de Excepción, que autoriza desplegar militares para levantar los cortes. Morales responde desde las redes acusando detenciones ilegales y torturas a líderes sindicales, comparándolo con dictaduras pasadas. También señala al gobierno por los cortes de luz y telecomunicaciones en Cochabamba, que considera un intento de intimidación contra miles de familias.
Al final, Bolivia parece atrapada entre autobuses misteriosos, bloqueos eternos y una ley que promete orden pero huele a más tensión. Mientras tanto, el país sigue esperando que alguien resuelva el embrollo sin romper más cristales ni ambulancias.
