Un juez de Boston decidió que cobrar 100.000 dólares por una visa H-1B es demasiado, incluso para los estándares de la inmigración estadounidense. Leo Sorokin anuló la tasa impuesta por Donald Trump en septiembre, tras concluir que se trata de un impuesto ilegal que el Congreso nunca aprobó.
El programa H-1B entrega 85.000 visas anuales para trabajadores cualificados, válidas entre tres y seis años. Antes de la medida, las empresas pagaban entre 2.000 y 5.000 dólares en trámites. Con el nuevo monto, solo se registraron 85 pagos hasta febrero. Veinte fiscales generales demócratas llevaron el caso ante los tribunales, argumentando que la tarifa desalentaba las solicitudes y carecía de base legal. La administración defendió la tasa como una sanción para controlar la entrada de extranjeros, pero Sorokin, designado por Barack Obama, la calificó de impuesto encubierto. Según su fallo, la naturaleza del cobro revela su verdadero propósito, independientemente del nombre que se le dé.
La decisión llega en un momento en que las empresas tecnológicas dependen de estos visados para contratar talento extranjero. El aumento pretendía restringir el acceso, pero terminó generando más papeleo y menos ingresos de los esperados.
Ahora el gobierno debe decidir si apela o busca otra vía para encarecer el proceso. Mientras tanto, los solicitantes respiran aliviados, aunque nadie sabe cuánto durará esta tregua antes del próximo intento de ajustar las tarifas con creatividad fiscal.
