La Audiencia Nacional investiga al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por presuntamente encabezar una trama de tráfico de influencias y blanqueo de capitales ligada al rescate de la aerolínea Plus Ultra en 2021. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos colaboró con la Policía Nacional española extrayendo datos de un móvil vinculado al caso, lo que activó el proceso judicial.
Según el auto judicial, la red utilizó sociedades ficticias y canales opacos para mover casi dos millones de euros, parte de los cincuenta y tres millones en ayudas públicas gestionadas durante la pandemia. Zapatero, que sigue apareciendo en mítines socialistas y actúa como mediador en Venezuela, rechazó cualquier irregularidad. El DHS confirmó la cooperación pero evitó detalles, recordando su compromiso contra el crimen global. Mientras tanto, el presidente Pedro Sánchez expresó apoyo total a su predecesor y descartó elecciones anticipadas, pese a los abucheos de la oposición.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusó al Gobierno de saquear el Estado, y un aliado de Sánchez llegó a preguntar dónde termina el lobby y empieza el delito. La trama, según el juez, presionaba autoridades en nombre de terceros para obtener beneficios millonarios. Todo esto ocurre mientras Zapatero mantiene su agenda internacional y niega cualquier vínculo con documentos simulados o fondos ocultos.
Al final, el caso recuerda que hasta los expresidentes pueden verse envueltos en redes que parecen sacadas de una película de espías con presupuesto limitado. Sánchez defiende la presunción de inocencia, pero la oposición ya huele sangre política. ¿Simple ayuda estatal o algo más creativo? El juez sigue buscando respuestas entre facturas y mensajes borrados.
